Sánchez ofrece a Iglesias una oficina de control del acuerdo de Gobierno

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El presidente en funciones propone a Unidas Podemos "responsabilidades en instituciones que no estén supeditadas al Consejo de Ministros" y les emplaza a una reunión el próximo jueves

Pedro Sánchez ofrece a Pablo Iglesias "un riguroso sistema de control de cumplimiento del acuerdo de Gobierno" para sortear la desconfianza entre ambos líderes políticos. El presidente en funciones propone además a Unidas Podemos ocupar "responsabilidades capitales" en "órganos e instituciones del Estado que no estén supeditadas al Consejo de Ministros". Y emplaza a los equipos negociadores de los dos partidos a una reunión el próximo jueves 5 de septiembre. El encuentro con Iglesias sigue sin fecha aunque, de producirse, se espera que sea la próxima semana. El 23 de septiembre termina el plazo para que haya Gobierno o nuevas elecciones.

Ya el pasado julio, Sánchez ofreció al líder de Podemos una comisión que fue rechazada por la formación de Iglesias. En esta ocasión ha precisado la iniciativa, que a juicio del líder del PSOE supone una "triple garantía": una oficina de cumplimiento del acuerdo dependiente del Ministerio de Hacienda; comisiones de seguimiento en Congreso y Senado; y un mecanismo reforzado de garantía en el que participe la sociedad civil. "No queremos votos gratis", ha remarcado Sánchez en su última oferta a Iglesias: una tercera vía a medio camino entre el Gobierno de coalición que exige el secretario general de Podemos y el Ejecutivo en solitario de los socialistas.

"Si el problema con Unidas Podemos es la desconfianza, construyamos confianza y establezcamos las máximas garantías. Podemos ser aliados leales como hemos sido en el pasado", ha manifestado Sánchez ante más de 700 personas en la presentación de las 370 medidas del PSOE para desbloquear la investidura. La mitad de los asistentes pertenecían a los colectivos sociales con los que el presidente en funciones se ha reunido en agosto. El resto eran ministros, diputados, senadores y líderes territoriales del partido en el Gobierno. Un cierre de filas con el que Sánchez ha trasladado la imagen de unidad que quiere para el Ejecutivo.

"El PSOE ni impone ni humilla a nadie con su visión de un Gobierno estable y cohesionado. Tenemos diferencias profundas con Unidas Podemos. No hay condiciones hoy para convertirnos en socios de Gobierno, pero eso no tiene que convertirnos en adversarios. Estamos en condiciones de encontrar fórmulas de entendimiento”, ha argumentado. Horas antes, Iglesias había insistido en un Ejecutivo con ministros de Unidas Podemos. Un formato que el presidente en funciones considera "inviable" e "impracticable" tras el fracaso de su investidura el pasado julio, cuando el PSOE ofreció una vicepresidencia y tres ministerios. Fue la segunda investidura fallida de Sánchez por el voto determinante, como en 2016, de Podemos y sus confluencias. "Lo que el 25 de julio fue inviable hoy sigue siendo inviable, en un momento de grandes retos que se pueden convertir en riesgos", como son la desaceleración económica, un Brexit duro o la sentencia del procés.

La oferta ha formado parte de la puesta en escena del documento programático con el que el PSOE confía en desencallar la investidura. Este martes Sánchez ha presentado la esperadaPropuesta abierta para un programa común progresista, que desde el mismo título persigue persuadir a Podemos y al resto de fuerzas políticas para amarrar los votos necesarios en las próximas tres semanas —el tiempo expira el 23 de septiembre— y evitar así la repetición de elecciones. A mitad de camino entre un programa de Gobierno (para convencer a Podemos y que Iglesias apoye desde fuera un Ejecutivo del PSOE) y un programa electoral (si lo anterior no ocurre y hay elecciones el 10 de noviembre), los socialistas han dado a conocer 370 propuestas que supondrían, a grandes rasgos, revertir la reforma laboral del PP, blindar constitucionalmente las subidas de pensiones y subir impuestos —en especial a las clases altas y las grandes empresas— para sufragar una amplia batería de medidas sociales.

El texto no recoge el impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas o la limitación del precio del alquiler que quería Podemos. Pero aquí y allá hay guiños en esa dirección: el PSOE propone un tipo impositivo mínimo del 18% para la banca y las eléctricas y estudiar "nuevas opciones de carácter normativo" para limitar las subidas abusivas del alquiler. Y emite un mensaje claro en relación a Cataluña: la propuesta se declara a favor de modificar el sistema de financiación autonómica y plantea "mejorar la colaboración institucional entre el Gobierno de España y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución". Pero a la vez es tajante con las exigencias de los independentistas y, de paso, con las peticiones de Podemos: "No tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad".

Más allá del contenido, el objetivo es evidente: se trata de una "propuesta abierta", subraya el texto, con la "voluntad de tender la mano y tejer una red de confianza con quienes comparten la necesidad de seguir avanzando", en lo que parece un mensaje telegrafiado para Podemos. Hay pocas verdaderas novedades en las 76 páginas del documento. Pero numerosas cargas de profundidad. Estas son las líneas más importantes.

Empleo y pensiones. El documento recupera la idea de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y ofrece pinceladas de las intenciones de Sánchez: revisar las causas del despido objetivo y equilibrar la relación sindicatos-empresarios. Y sobre todo apuesta por revisar "con carácter de urgencia" los aspectos más lesivos de la reforma laboral. En Seguridad Social, anuncia la eliminación definitiva de la reforma de pensiones del PP —el propio PP la sacrificó suspendiendo su aplicación para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos de 2018— y más recursos para pagarlas. Apuesta también por subir el salario mínimo al 60% del salario medio (frente a la propuesta de Podemos, que habla de un aumento hasta los 1.200 euros en 2021).

Impuestos. Los socialistas proponen hasta nueve modificaciones del sistema tributario: siete subidas y dos rebajas. El objetivo declarado es elevar la presión fiscal, que está ocho puntos de PIB (casi 90.000 millones de euros anuales) por debajo de la media europea. Se planea una tasa Tobin (gravar con un 0,2% las transacciones financieras); un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las grandes empresas (que se iría al 18% para los bancos y las eléctricas); limitar las exenciones sobre los dividendos; más control de las SICAV; mejorar la fiscalidad de las pymes; un impuesto sobre el dióxido de carbono (esa es una de las grandes novedades del texto); más impuestos verdes; reducir el IVA a los servicios veterinarios y crear una tasa sobre los servicios digitales.

Vivienda. El PSOE busca rebajar el precio de la vivienda y para ello quiere trabajar en dos direcciones: la rehabilitación y el alquiler, junto con la promoción de más vivienda pública (actualmente está en marcha la construcción de 20.000 viviendas). Para controlar el alza de precios del alquiler, se estudiarán medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas. También se anuncia la aprobación de una ley estatal de vivienda, que creará un marco legal que defina la vivienda vacía y a los grandes tenedores de vivienda. Sánchez se compromete a profundizar en las medidas ya adoptadas para frenar las subidas abusivas del alquiler, estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia. Podemos va más lejos y propone limitar directamente las subidas de precio.

Cataluña. El PSOE insiste en que la solución para el conflicto catalán se basa en el diálogo con la Generalitat dentro de la Constitución. El documento propone avanzar hacia un modelo de Estado integrador en el que “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que se ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad”. Los socialistas se comprometen abordar el conflicto con diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

Medidas sociales. Dentro de una gran variedad de propuestas, destaca el aumento del gasto público en sanidad, que pasaría del 6% al 7% del PIB (unos 11.000 millones más). El plan socialista tiene como medida educativa estrella la universalización de la educación de 0 a 3 años, defendida por la UNESCO. En la anterior legislatura se intentó, sin éxito, que abonasen 270 millones los Ayuntamientos sin deuda y 30 millones el Gobierno central. Fue un fracaso. Se propone también “impedir la segregación educativa por razón de sexo”, pero el Tribunal Constitucional dictaminó en 2018 que era legal. Sánchez plantea "el blindaje en la Constitución del sistema público de servicios sociales, como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar". Una propuesta que va en la línea de la demanda de Unidas Podemos de convertir derechos sociales en derechos constitucionales.

Energía y cambio climático. Unidas Podemos tiene en el sector eléctrico uno de sus principales caballos de batalla; el PSOE plantea "prohibir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos como la pobreza sobrevenida". Y la implementación de "un bono social térmico". "Impulsaremos la aprobación de la ley de cambio climático y transición energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Estrategia de Transición Justa", se lee en el documento del PSOE, que plantea incluso la prohibición de la venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono a partir de 2040.