¿Del big data al big brother?

Tecnopolítica
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Hoy, más que nunca, la información salva vidas. Un uso eficaz de los datos puede evitar contagios, distribuir recursos sanitarios según las necesidades de cada territorio y ordenar estratégicamente la cuarentena.

PUBLICADO EN CLARIN - En mayor o menor medida, los gobiernos están aprovechando las ventajas tecnológicas para masificar esa confección de datos y adelantarse al Covid-19. Sin embargo, en paralelo, emerge un dilema crucial para las sociedades abiertas: más seguridad o más libertad. Un clivaje que preocupa a la democracia desde su nacimiento.

China, para muchos, fue un ejemplo de cómo la información ciudadana muta en salud pública. Pero el asunto es complejo. Al ser un sistema totalitario, la información en el gigante asiático no es un derecho, sino una herramienta de control social: corre solamente en sentido vertical ascendente (el Estado succiona los datos ciudadanos); no hay movimientos top down (la ciudadanía cuenta con información de los gobernantes) ni rendición de cuentas. Esta lógica unilateral es la que le permitió al Partido Comunista centralizar fácilmente los datos, procesarlos y, posteriormente, controlar la circulación social.

La herramienta para capturar todo ese caudal de datos fue Alipay, un app que, como explica el informe sobre privacidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), combina la geo-localización, la historia clínica y los contactos de cada ciudadano. Claro que la ecuación tecnológica tiene un complemento sociológico. La comunidad china tiene una férrea cultura disciplinaria y un sentido rígido del deber. Por temor o “confucianismo”, la sociedad obedece. No existen relatos alternativos al oficial; solo una narrativa granítica que aplasta cualquier indicio de disidencia. La opinión pública es la opinión estatal. Parafraseando a Jürgen Habermas: existe la verdad en singular, y viene desde lo alto del Estado.

Otro problema en convertir al gigante asiático en un paradigma de la lucha contra el Covid-19 es su hermetismo informativo. Todavía es una incógnita la génesis de la enfermedad. ¿Cuándo comenzó el brote? ¿Cómo se originó? ¿Existió un paciente cero? Todo está encriptado en esa especie de software cerrado que es el Buró Político del Comité Central del PCCh. Además, nadie afuera del país conoce las víctimas ni los contagiados que hubo realmente. Hace pocas semanas, el gobierno de Xi Jinping afirmó que, al final, las muertes en Wuhan eran un 50% más alto de lo que se informó. Por ende, estamos lejos de saber la eficacia y la eficiencia de este “Ciberleviatán”, como se titula el último libro del escritor español José María Lassalle.

El peor error de Occidente sería confiar en los mapas y pensar que China está lejos. Hace tiempo que el panóptico digital sobrevuela nuestras democracias. El caso Cambridge Analytica fue un síntoma. La diferencia es que el lugar del Estado chino lo ocupan las grandes corporaciones tecnológicas. Y con el coronavirus, el problema se amplificó. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos democráticos se sumaron a la megaminería de datos. A veces, incluso, en sociedad con plataformas globales. Una simbiosis que, a primera vista y siendo optimistas, se aplaude: la legitimidad pública y la innovación privada unidas por la salud de las personas.

Pero nos sobran motivos para mantener despierto el sentido crítico. Se está vertebrando una alianza que puede virar en un desequilibro de poder que deje en soledad al ciudadano. El confinamiento obligatorio ha producido una inédita cantidad de datos. Como nunca antes, estamos conectados. Trabajo, ocio y sociabilidad dependen de la red. Muchos de nosotros cedemos a diario información privada a las autoridades para que nos cuiden. ¿Qué va a pasar con todo ese material sensible una vez que el Covid-19 pase a los manuales de historia? La duda flota en el aire.

El riesgo de transformar la excepción en norma está latente. Hasta marzo, los Estados eran un obstáculo para las empresas tecnológicas. La Unión Europea, en el 2016, llegó a promulgar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Una iniciativa que le colocó un marco legal a esa autopista de datos que es internet. Ahora, si los inquilinos del Estado, es decir, los gobernantes, detectan que dicha información puede servir, por ejemplo, para ganar campañas electorales y perpetuarse en el poder, ¿quién oficiará de contrapeso al capitalismo cognitivo?

La política no puede tentarse: es la última “abogada” que le queda al ciudadano para preservar su intimidad.  Cuando superemos esta crisis, los datos deben entrar en un proceso de anonimización. Cada persona tiene que estar tranquila que su privacidad está a salvo. El trabajo de nuestros líderes será encontrarle una síntesis a la espinosa disyuntiva entre libertad y seguridad. Está en juego nuestra autonomía. Y también el derecho a pensar diferente. Cuestiones que el algoritmo no entiende, pero la democracia sí.

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