“…Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres…”
María Elena Walsh ( fragmento canción infantil argentina…)
La crisis es evidente: el poder en todas sus formas queda desnudo ante la mirada de una sociedad que desde la activa participación o de la mera indagación en las redes sociales y/o medios masivos de comunicación tradicional toma postura condenatoria.
El acceso al mundo de la criminalidad , ya sea en las órbitas del espacio estatal como el del empresariado inescrupuloso, nunca ha sido tan sencillo como en este presente. Bolsos de dinero que van y vienen, audios subrepticios y legales, familiares y amigos designados “a dedo “ en los tres poderes de gobierno, formas de vida que nada tienen que ver con sus ingresos oficiales, hedonismos, públicas virtudes y vicios privados…
El ciudadano padece en carne propia la ignominia de la mala burocracia en todas sus formas que se traducen en hechos concretos que acaecen a diario, lejos de los titulares de los periódicos o del prime time” de la televisión devoradora de cerebros.
La clase política re surgió con programas de campaña tendientes a posicionarse desde la honestidad y transparencia. Esas dos palabras adquirieron un valor esencial en el análisis popular de las “conductas funcionales” de quienes ocupan los cargos públicos en la totalidad del organigrama de la administración estatal.
Es en ese marco de control cívico que la transgresión de cualquier tipo se vuelve, con justeza, REPROCHABLE.
La utilización del sistema judicial como “rector” de decisiones relevantes de la democracia en el país adquirió en los últimos tiempos un rol decisivo en el ejercicio de la política y el proselitismo.
Ciertos tribunales y sus sentencias, llamados a indagatorias, imputaciones, procesamientos, declaraciones de prensa de fiscales, jueces y abogados defensores o querellantes se han vuelto parte del espacio de la política hasta hacerse INSEPARABLES.
Y es en esa circunstancia instalada donde se abren los frentes de discusión: la reacción crítica de la clase política sobre el poder de los jueces y la oposición de los mismos quienes les recuerdan que muchas de las respuestas que los denunciantes les requieren ese poder del estado no las puede otorgar.
La opinión pública condicionada por la opinión “publicada” deriva entonces en atribuir responsabilidad sobre importantes decisiones legislativas o ejecutivas a un “poder” que no es el apropiado o constitucionalmente designado para resolverlas.
El Poder Judicial ocurre como contralor constitucional de los otros poderes y debe actuar más no con el exceso y las presiones en que hoy día se encuentra. Basta con leer los comunicados de las Procuraciones nacionales y provinciales, sus sentencias, las desestimaciones de ciertas denuncias penales, rechazo o convalidaciones de amparos a decisiones legislativas, etc. para comprender como se definen jurisdicciones y potestades en forma enérgica, exhortando a no manipular el sistema de justicia para dirimir cuestiones a sabiendas de lo improcedente de la vía elegida.
Pero debemos destacar que también en el seno de la Justicia se mueven intereses políticos y económicos. Por otro lado sus representantes son “afines” o “detractores” del gobierno de turno (en todos los estamentos estatales). Es entonces que se produce en el imaginario social o en los medios de comunicación un juzgamiento de los jueces o fiscales que “colaboran” en este maremágnum de confusión.
Muchas veces la instalación del estigma de “corrupto y delincuente” basta a quienes instan esa acusación ante los fueros tribunalicios, abandonando luego las acciones tras entender que el objetivo estaría cumplido…
La verdad jurídica entonces queda desplazada por la verdad histórica o política.
Quienes hoy son victimarios mañana pasan a ser víctimas, denunciantes o denunciados, actores o demandados…
En ocasiones el rol determinante del Poder Judicial es la resultante de la inacción de los otros poderes. Esa omisión o violación de las obligaciones funcionales conmina a la Justicia a tomar cartas sobre el asunto.
Vale decir que de una u otra manera la política se judicializa y la responsabilidad de tal situación no deriva de otro espacio que no sea de la misma política. También podríamos aseverar que además de lo expuesto se “partidiza” la justicia…
Temas como la ley de medios y su efectiva aplicación, las leyes anti monopólicas, el cuidado del medio ambiente, la transparencia en el accionar administrativo, el derecho a la información, la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en la población civil, entre otros, caen en manos de los tribunales por varias razones; entre ellas podríamos señalar el temor de asumir un costo mediático o también llamado “costo político de la decisión” por parte del poder ejecutivo, la indiferencia institucional a conflictos que no aportan resultados electorales o “no suman votos” y la lentitud o parsimonia legislativa ante circunstancias de hecho y de derecho que afectan la institucionalidad.
Por otro lado resulta claro que cuando se ocupa el espacio de oposición la denuncia se torna en regla y se padece desde el estamento oficialista (tornándose en boomerang que se estrella en las narices cuando esa ecuación de poder se invierte)
La estrategia de “sombras y niebla” no es un invento de la consultoría política sino que surge históricamente de gobiernos que concentraban la suma del poder político-jurídico.
Vale decir que vivimos tiempos de recreación de fenómenos nefastos que no han traído otro resultado que el descreimiento y abulia hacia la clase dirigencial .
La exhortación, liminal y subliminal, que conlleva la denuncia permanente de delitos en cabeza del político no hace más que ser el gen de la destrucción de la confiabilidad en el sistema democrático.
Nos hartamos de presenciar en Latinoamérica y Europa de verdaderas puestas en escena dramáticas de juicios políticos que en la mayoría de los casos no arriban a sentencia judicial condenatoria pero si generan un estigma lo suficientemente perenne para llevar a la duda permanente de la ciudadanía con respecto a la honestidad de quienes son electos para llevar adelante los destinos de una Nación.
Por último, y desde una perspectiva criminológica, debemos cuestionarnos que tipos de intereses o poderes no políticos se benefician con esta “manipulación” de la verdad. O bien indagar , en la hipótesis de un nuevo gobierno que hubiera reemplazado al pretendido de corrupto, como están integrados sus gabinetes , quienes son los legisladores emblemáticos o sus jueces y fiscales preferidos.
Y tal vez en ese observar crítico vislumbremos parte de la respuesta.
