Pedro Castillo no avanza un paso sin tropezarse, tanto por lo que hizo como por lo que hace. Ante las declaraciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, sobre las relaciones y vínculos con diversas mafias que alcanzarían hasta el primer mandatario, la situación es insostenible.
¿Qué posibles escenarios se presentan y cuáles son los límites? Uno sería el de la renuncia. El propio presidente se ha encargado de descartarla, salvo que la vacancia sea inevitable y esté acompañada por una inhabilitación para ejercer un cargo público.
Un segundo escenario sería el de la vacancia. El Gobierno podría evitarla con los votos de Perú Libre, Perú Democrático y Juntos por el Perú, a los que se debe agregar a los congresistas de Acción Popular involucrados en las denuncias de Karelim López. Esto coloca a toda la bancada acciopopulista en problemas, pues tienen que votar en contra o abstenerse, ya que, si Pedro Castillo es vacado, ellos podrían ser desaforados.
Si no renuncia y no es vacado, de cara a la presentación del Gabinete Torres, la oposición le dará el voto de confianza, pero puede proseguir con la censura de algunos ministros. Este escenario no resuelve el problema, lo embalsa, por lo que el malestar contra el Gobierno seguirá creciendo más allá del 63% registrado por el IEP la semana pasada.
En el caso de que Pedro Castillo renuncie o sea vacado, asumiría la vicepresidenta Dina Boluarte. Para los más duros opositores, no debería asumir la presidencia. Eso solo podría ocurrir si renuncia al cargo. Si no lo hace, no hay forma de obligarla, salvo una situación de movilización y desgobierno que haría imposible su permanencia en el cargo. Una vacancia inmediata difícilmente procedería pues, si la figura ya está desnaturalizada, esta sería irreconocible. En todo caso, su gobierno sería muy débil y frágil, a no ser que sea uno de unidad nacional que comprometa a partidos dentro y fuera del Congreso. Ello requeriría de un liderazgo y trabajo de filigrana que, por ahora, es difícil imaginar.
Si, pese a ello, renuncia o es vacada, asume el presidente del Congreso. Los partidos tendrían que discutir si es María del Carmen Alva u otra persona. La duda es que ella pertenece a Acción Popular, que tiene en sus filas a congresistas involucrados con las denuncias de Karelim López. Tampoco es claro que a Acción Popular esto le convenga, recordando lo que sucedió con Manuel Merino.
El otro tema es qué tipo de elecciones se convoca. Ya la presidenta del Congreso ha adelantado que serán solo presidenciales. Si bien algunos constitucionalistas contratados por el Congreso asumen esa posición, lo cierto es que ello rompería con el diseño institucional de dos poderes que nacen de un mismo proceso e interactúan por cinco años, desde 1920. Por otro lado, la Constitución no señala que se trata de una elección para completar el mandato. Pero el tema es político. Esta sería una de las medidas más impopulares de parte de un Congreso con una desaprobación del 82%.
Si se convoca a elecciones generales, estas chocarían con los intereses personales de los congresistas. Se quedarían sin su escaño y está prohibida la reelección. Pero esta sería una salida que no solo contaría con un apoyo mayoritario de la población, sino también con los potenciales cientos de candidatos, sobre todo excongresistas de todos los partidos. El problema es que la nueva representación sería más de lo mismo.
Solo abrir la oferta electoral y una profunda reforma política como base de un acuerdo político amplio podrían permitirnos salir de la oscuridad y el fango
El Comercio, martes 1 de marzo del 2022.
