Hubo festejos de un lado y lágrimas del otro. Por primera vez un presidente es condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en Brasil. Y es sólo la primera de las 5 causas en las que está siendo juzgado. Aún así, todavía es pronto, tanto para celebrar, si uno es contra Lula, como para deprimirse, en el caso de sus seguidores.
La pena recibida por el ex mandatario y fundador del Partido de los Trabajadores fue de 9 años y medio de prisión, más 7 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. Es improbable, de todos modos, que Luiz Ignacio Lula da Silva vaya a la cárcel. Debido a su edad (71 años), en el peor de los escenarios tendrá que cumplir con prisión domiciliar.
Su defensa va a recurrir el dictamen, y mismo que la condena sea confirmada en segunda instancia, y gracias a las leyes electorales brasileñas, existen todavía posibilidades de que el ex presidente consiga presentarse a las próximas elecciones (octubre de 2018).
Sin plan BAl igual que sucedió con los gobiernos de Chávez y Cristina Kirchner , entre otros, Lula tampoco tuvo voluntad para preparar un sucesor digno de continuar el "proyecto". Él es uno de los actores políticos más importantes que tuvo Brasil, y hoy, dentro del PT, no hay personas con carisma y fuerza que puedan reemplazarlo como candidato. Con esas 2 certezas, el Partido de los Trabajadores va a intentar por todos los medios que su principal líder no sea preso ni que la Justicia inhiba su candidatura. El partido adoptó un discurso oficial victimista, acusando una persecución política por parte del Juez Sergio Moro, quien lleva sus causas. El mensaje repetido hasta el cansancio es que "no hay pruebas " para condenarlo y se apela al sentimiento, a la pasión del militante.
Lula ES el PT, y el partido, sabiendo que se juega a todo o nada, le atribuye a este no ya la representación de un sector del electorado, sino la legitimidad misma del sistema cuando afirma en todos los medios que "una elección sin Lula no es democrática, es un fraude electoral"
PanoramaMientras tanto, el todavía presidente Temer (PMDB) continúa "atrincherado" en Brasilia con su misión casi completamente cumplida (aprobar una batería de leyes impopulares), y comprando voluntades en el Congreso para impedir ser retirado del poder. Es otro que está en la cuerda floja. Aguarda la votación de los diputados, marcada para el 2 de Agosto, en la que se va a decidir si procede que sea juzgado por corrupción pasiva en el Supremo Tribunal Federal.
Su reemplazante, en caso de que sea apartado del Ejecutivo, sería el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM), también investigado en la causa Lava Jato. De hecho, con excepción de Carmen Lúcia, presidente de la máxima instancia de Justicia (STF), la cadena sucesoria se encuentra bajo graves sospechas de corrupción, dado que el presidente del Senado, Eunício Oliveira (PMDB), fue delatado por el director de la empresa Odebrecht.
A poco más de un año de las elecciones presidenciales, la sensación de impunidad que reina en Brasil no hace más que fogonear la campaña del diputado Jair Bolsonaro, de discurso conservador, sencillo y contundente. Según los últimos datos, entraría fácilmente en la disputa de una hipotética segunda vuelta.
Finalmente salió de su letargo la ex-Senadora Marina Silva (REDE), y ya anunció su pre-candidatura a la presidencia. Mientras tanto, el alcalde de São Paulo, João Doria, parece haberse estancado en las encuestas.
