Las empresas que prestan servicios de transporte público no son ajenas a las exigencias de un entorno organizacional cada vez más volátil, incierto, complejo, ambiguo y dinámico; lo que les impone el desafío de comprender y satisfacer las necesidades de sus usuarios y además, responder de forma rápida y eficiente a los desafíos que se derivan de la pandemia sanitaria y de los cambios sociales.
Esta situación es de importancia para los países; el transporte público constituye un elemento esencial en la vida de las urbes actuales, hasta el punto de que resulta difícil plantearse la pregunta de cómo serían en la actualidad nuestras ciudades y áreas metropolitanas sin su existencia.
Lo anterior explica porque en América Latina el transporte público es el principal medio de locomoción urbano, a pesar del incremento en las tasas de motorización. Esto es así porque el usuario de transporte público es una categoría social a la cual prácticamente la totalidad de los ciudadanos pertenecen en algún momento. Por tanto, los desplazamientos urbanos son un elemento importante en la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad, no solo por el tiempo que las personas pasan en ellos para satisfacer sus necesidades de traslado, sino también porque dicho servicio es parte de un derecho al que todos los individuos tienen.
Dicha situación ha convertido al transporte público en una necesidad básica para las ciudades, independiente de su tamaño, y en eje importante para la planeación y gestión de las urbes; consolidándose como un servicio que atiende a un gran número de personas, y que asegura la posibilidad real de accesibilidad por su bajo costo en infraestructura.
Esto explica porque de manera creciente, se observa una mayor sensibilidad en la ciudadanía y opinión pública, con relación a la obtención de mejora en la rigurosidad y profesionalismo de la gestión económico-técnica del servicio transporte público, como con respecto al logro de un sistema de financiación transparente y eficiente.
Lo expuesto se ha hecho aún más relevante en los últimos años, por su estrecha ligazón en el largo plazo, con el desarrollo de un país, su competitividad, crecimiento económico; así como también, con la disminución en las brechas de desigualdad, el desarrollo sostenible, la dinámica de la sociedad en los centros poblacionales y la calidad de vida de sus habitantes.
Considerando este contexto, los sistemas de transporte público, desde su aparición, no habían sufrido una transformación tan radical, como la que han experimentado en las últimas tres décadas, periodo en el cual han cobrado una importancia tal, que ahora se hacen parte de las políticas de planificación del territorio y de grandes negocios de operación pública y de concesión a operadores privados.
Dado esto, durante las dos últimas décadas varias ciudades latinoamericanas han adoptado políticas de reordenamiento del transporte público, aunando modificaciones en la regulación de los servicios de buses existentes, con su articulación con nuevas infraestructuras de transporte masivo. Dichas políticas aspiran alcanzar la integración operacional y tarifaria entre las distintas modalidades de locomoción pública, logrando una mayor eficiencia para el sistema y mejoras en la calidad del servicio; propiciando con ello, la adopción de un modelo de movilidad sustentable, en el que se busca restringir el uso indiscriminado del automóvil, al tiempo que se promueve una oferta de transporte público de calidad, como una alternativa social y ambientalmente más sustentable.
En la mayoría de las ciudades dicho servicio se da por empresas privadas que operan en una red de líneas, conectando múltiples destinos. Estas compañías tienen como desafío brindar soluciones adecuadas para los problemas de movilidad, ofreciendo un servicio de transporte eficiente -uno de los elementos principales para conseguir ciudades inteligentes y sostenibles-; a su vez, crear valor entre sus usuarios (los pasajeros), y que los mismos, no presenten estados de molestia (o ansiedad) cuando por razones de sustentabilidad económica o aspectos regulatorios, las tarifas se incrementen.
Esto implica que los directivos de las empresas operadoras y las autoridades reguladoras necesitan evaluar la percepción que el sistema de transporte público tiene entre los ciudadanos, y, con esto, definir acciones tendientes a mejorar su posicionamiento, incrementar los niveles de satisfacción y disminuir las cifras de evasión.
Para conseguir dicho objetivo, las empresas que prestan el servicio deben comprender que los pasajeros no sólo buscan satisfacer necesidades funcionales, transportarse entre diferentes lugares de la ciudad, sino que también simbólicas, como es sentir que se les trata con respeto y dignidad, que sus requerimientos son considerados y que reciben un servicio de calidad. Debido a ello, las empresas operadoras deben ofrecer un servicio de transporte que posibilite la movilidad poblacional, la accesibilidad a los servicios, la sensación de seguridad y que contribuya al cuidado del medio ambiente.
En ese sentido, las empresas operadoras, deben procurar una estructura apropiada de la prestación del servicio, de acuerdo con las necesidades sociales y económicas presentes, y garantizando calidad y la posibilidad de aumentar el bienestar social a través de la reducción de los costos externos generados por el sistema.
Si lo anterior se logra, los pasajeros podrán sentir que son considerados dentro de las políticas públicas de transporte, en las propuestas de mejora de las empresas y, además, percibirán que la locomoción pública es más eficiente que el vehículo en términos de consumo energético, ocupación de infraestructura y contaminación.
