Esta tensión popular que no es exclusiva de Colombia, se extendería hasta el próximo año definiendo en nuevo contexto electoral, como ha sucedido en otras naciones de América Latina, sacrificado los oficialismos en el poder.
De lejos, la actual situación de insatisfacción ciudadana, que ha acarreado graves problemas de orden público en Colombia, es la más compleja que ha vivido el país en los últimos decenios.
Para Colombia no han sido ajenas las expresiones ciudadanas de insatisfacción, inclusive la misma Constitución Política de 1991, consagra el derecho ciudadano a la protesta; y es típico, que cada gobierno democrático tenga que “soportar” estas expresiones de insatisfacción cada tanto, movidas por intereses políticos o de reivindicaciones económicas por parte de sindicatos o movimientos de izquierda, en las cuales sobresalen las marchas ciudadanas y concentraciones en sitios emblemáticos de capitales colombianas.
Pero este paro en particular, que supera los 50 días de ininterrumpidas acciones; ha combinado toda clase de alteraciones, que van desde las necesarias y justificadas expresiones pacíficas, hasta los bloqueos de vías y las acciones al margen de la ley que han conllevado a la destrucción de edificios públicos y privados, y más grave aún la muerte de más de 30 personas y la desaparición de por lo menos 80 ciudadanos. En una clara violación de los derechos fundamentales, de algunos funcionarios de la fuerza pública, que se ha extralimitado en sus funciones; pero también de manifestantes que han desafiado la institucionalidad y el orden en el país.
Todo esto en medio de la ola más alta de contagios, por la pandemia de la Covid-19, llevando al país a superar diariamente las cifras de contagios y decesos.
Las causas de esta expresión de insatisfacción ciudadana son variadas lo que, si es cierto, es que nos son fruto de un momento, ni responsabilidad exclusiva de un mandatario o gobierno en particular. Aunque el detonante para este caso en particular fue la fallida reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, que conllevó la salida de su Ministro de Hacienda y de su equipo económico.
Pese a que el proyecto de ley fue retirado del Congreso, eso no fue suficiente para apaciguar los ánimos de los manifestantes, por el contrario, las protestas se intensificaron, en un claro rechazo a los liderazgos políticos, que no es exclusivo de Colombia. Sostenidamente, desde las últimas dos décadas se ha experimentado un declive cada más acentuado en los niveles de aprobación de los partidos políticos y de los congresos, tanto en América Latina como en Europa, medidos en los barómetros que anualmente indagan la salud de las instituciones democráticas. En Colombia, por ejemplo, el índice de imagen negativa tanto del Congreso, como de los partidos políticos, supera el 80 por ciento; ratificando la evidente desconexión y desafección entre los ciudadanos y sus representantes políticos.
Más preciso en sus apreciaciones sobre la génesis de estos hechos, ha sido el columnista del diario El Tiempo, Ricardo Ávila Pinto, quien ubicó parte de esta serie de movilizaciones de insatisfacción ciudadana, no solo en Colombia sino en otras naciones como Chile y Ecuador por citar algunas, a finales de la primera década del 2000, concretamente la crisis financiera internacional de 2008, que golpeó buenas parte de las economías mundiales, acentuando todavía más la inequidad en los países en vía de desarrollo, como el nuestro.
Cifras negativas que se incrementaron con el coletazo de la pandemia por la Covid-19, que ocasionó el cierre y parálisis total de la economía mundial, y que obviamente golpeó más fuertemente a las economías de países en desarrollo. Además, de esta afectación en los niveles de ingreso de los hogares, se registró también una fuerte afectación en la salud emocional de las personas, tema que no ha sido abordado adecuadamente por los gobiernos, evidenciando sentimientos negativos como tristeza, insatisfacción, frustración, miedo e ira, según mediciones hechas por firmas consultoras como Cifras y Conceptos o Gallup – Colombia.
Se suma a esta visión, un estudio mucho más amplio desarrollado por investigadores del Fondo Monetario Internacional – FMI-, que evaluaron desde 1985, 1.100 eventos críticos o catastróficos, naturales o no, crisis sanitarias, pandemias, epidemias y otros eventos que alteraran la cotidianidad en por lo menos 180 naciones del mundo, con la conclusión de consecuentes estallidos sociales de magnitudes incalculables. En otras palabras, para el caso latinoamericano de Chile, Ecuador y ahora Colombia, la olla a presión llegó a su tope.
Este mismo estudio del FMI, coincide en señalar en estos dos años de crisis sanitaria se han exacerbado aún más esas expresiones de insatisfacción popular en varias latitudes del mundo, con una clara repercusión en la política electoral, en todos los procesos electorales registrados en estos dos años de pandemia, los oficialismos han sido derrotados.
Esta tendencia de la política mundial también ha sido aprovechada por los partidos y candidatos contrarios a la extrema derecha que ahora gobierna el país, en cabeza de Iván Duque; por eso, figuras como Camilo Romero, Jorge Robledo, y el más visible y reconocido candidato de la izquierda colombiana, Gustavo Petro se han mostrado cercanos y condescendientes con el paro, hasta que éste ha trasgredido las líneas de la ilegalidad.
Coincidiendo con las mismas mediciones de las firmas encuestadoras, en donde la mayoría de los colombianos apoyan el paro y sus reclamos, pero cuestionan y rechazan las vías de hecho. Algunos dirigentes de izquierda se expresan en igual sentido, pero se tratan de desmarcar con los hechos ilegales, como bloqueos, incendios y robos que afectan a toda la comunidad.
Obviamente para el caso colombiano, hay otros elementos que son necesarios tener en cuenta para su adecuado análisis, como los actores al margen de la ley, desde las guerrillas de ELN y las facciones de las Farc, hasta los grupos de tráfico ilegal de drogas, que buscan desestabilizar el país, para blindar su negocio ilegal; y en ese propósito reclutan a buen precio a jóvenes nacionales e inclusos extranjeros dispuestos a enfrentarse a la fuerza pública. Y como no desconocer la iniciativa de algunos ciudadanos que, ante la incapacidad del Estado, se arman ilegalmente, para protegerse o evidenciar sus frustraciones, enfrentándose con sus conciudadanos insatisfechos también, en una clara lucha de clases.
La solución a este estallido social claramente pasa por la política, y no será una tarea fácil y de rápido cumplimiento. Más aun, cuando se ha evidenciado que tanto la comisión negociadora del gobierno, como los mismos voceros del paro no representan, ni tienen ascendencia directa sobre quienes se auto- denominan como las fuerzas de resistencia, de primera línea y acción de choque, en muchas regiones del país y que actúan como fuerzas independientes y autónomas.
Incidencia electoral
Analistas políticos y de la realidad socioeconómica del país, coinciden en señalar que esta manifestación de insatisfacción popular se extenderá hasta el próximo año, variando en niveles de intensidad y confrontación; y será elemento determinante en los procesos electorales de Congreso y Presidencia del 2022.
Para el caso de los comicios parlamentarios en marzo de 2022, el director de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, César Caballero, considera que estos fenómenos sociales afectarán considerablemente la representación de algunos partidos en particular. Sin asegurar algún porcentaje de impacto, si señala que partidos como el Centro Democrático, La U e incluso los partidos Liberal y Conservador, reducirán su representación en Senado, como consecuencia de una mayor participación del denominado “voto de opinión” en algunas ciudades capitales, beneficiando a movimientos alternativos, principalmente partidos como el Verde y los movimientos cristianos, si logran una coalición de listas.
Para el caso de la Cámara de Representantes, seguirá predominando las estructuras y redes clientelares, en torno a los partidos, movimientos y líderes regionales; dependiendo del contexto particular de cada departamento.
El tema presidencial es más complejo aun, por el amplio abanico de aspirantes que actualmente se están presentando. Sumado al hecho de la hiperpolarización del país en torno a la derecha uribista y la izquierda liderada por Gustavo Petro, que buscan cerrar las opciones. Si acatamos la tendencia reflejada en el estudio del FMI, - lo reitera los resultados de Perú, con el triunfo del izquierdista Castillo -, en Colombia sería derrotado el oficialismo, por eso se entiende y anticipa la intención del Centro Democrático de “desmarcarse” y alejarse del gobierno de Iván Duque, para posicionarse de nuevo como opción de poder, centrado en el orden, autoridad y respeto a la institucionalidad que piden los ciudadanos.
Sin embargo, a menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia no se vislumbra todavía un candidato firme y viable para triunfar, que logre interpretar y obtener consensos sociales en torno a tanta insatisfacción ciudadana. Las actuales mediciones de intención de voto, en las que lidera Petro, reflejan más conocimiento que intención de voto en sí. Recordemos que históricamente no quien lidera con tanta anticipación las encuesta, resulta a la postre vencedor; además la campaña aún no ha comenzado. Lo que sí es más evidente aun, es que la manifestación popular y el mismo paro, ya se “electoralizó”, y quien logré capitalizar mejor su incidencia popular tendrá mayo ventaja sobre sus oponentes.
