Los periodos cortos de campaña tienden a beneficiar a los partidos establecidos y a los políticos en ejercicio que los electores ya conocen.
Las campañas electorales son esfuerzos competitivos hechos por los candidatos y los partidos políticos para ganar el apoyo de los electores en el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes, desde comparecencias en público y mítines hasta el uso de publicidad en los medios masivos de comunicación.
La campaña para ocupar un cargo público dura más que el periodo de campaña "oficial" especificado en el calendario electoral, cuando los candidatos pueden recibir trato especial, normalmente en forma de acceso a los medios públicos de comunicación o a los fondos públicos para efectos de campaña.
Las campañas en la era actual de los medios pueden costar cantidades enormes de dinero, lo cual despierta dudas sobre la integridad con respecto a la recaudación y gasto de fondos y hace pensar que quienes ganan las elecciones son los candidatos que gastan la mayor cantidad de dinero.
Los candidatos buscan hacer llegar su mensaje y motivar a los electores para que voten por ellos o por su partido. Hay varias cuestiones de campaña que afectan la libertad y la equidad de la elección. Éstas incluyen la duración de la campaña, la capacidad para hacer una campaña libremente, la neutralidad de los funcionarios electorales durante la campaña, la seguridad de los participantes, y acceso a los medios .
Debido a estas cuestiones de integridad, la mayoría de los sistemas reglamenta ciertos aspectos del proceso de la campaña. Sin embargo, algunos sistemas, tales como el danés, sólo establecen directrices para el acceso equitativo con los medios y no han establecido reglas para limitar la cantidad de dinero o el tiempo que tengan que emplear en las campañas electorales. 165
Calendarización
El calendario electoral estipula fechas para la campaña "oficial", generalmente el mes antes de la jornada electoral. La campaña real para ocupar un cargo puede empezar mucho antes, pero los beneficios para el candidato, tales como financiamiento público, por lo regular sólo están disponibles durante el periodo oficial de la campaña. La duración de la campaña puede afectar la capacidad de los partidos y de los candidatos para hacer públicos sus mensajes.
Los periodos cortos de campaña tienden a beneficiar a los partidos establecidos y a los políticos en ejercicio que los electores ya conocen. Los periodos más largos de campaña dan a los partidos menos conocidos y a los candidatos más tiempo para prepararse e informar al electorado sobre sus plataformas y posturas, pero también necesitan más recursos para sostener la campaña durante un periodo más prolongado.
Las campañas más largas también pueden afectar negativamente la cantidad de votantes que se presentan en las urnas puesto que los electores pueden aburrirse de una campaña electoral que parece no tener fin. Esto sucede especialmente en los Estados Unidos, donde las campañas activas para la postulación de un partido político a la presidencia pueden comenzar más de dos años antes de la elección presidencial real.
Libertad de hacer campaña
La capacidad de participar libremente en la campaña electoral es una cuestión clave en la integridad de la elección. Los candidatos deben poder circular libremente entre sus simpatizantes y hacer públicas sus plataformas políticas.
Los electores deben poder asistir a los mítines y a otros eventos políticos sin interferencia y sin miedo. Deben contar con libre acceso a la información política para que puedan tomar una decisión informada cuando voten. Una campaña libre y justa depende de la libertad de prensa, de discurso, de reunión y de asociación.
La libertad de asociarse con fines políticos es un requisito básico para la integridad. Los electores deben poder reunirse para discutir sobre los candidatos y otros temas electorales. Los partidos políticos deben poderse reunir y planear sus campañas electorales con sus simpatizantes.
El derecho de asociación no está restringido salvo para las reuniones organizadas con fines ilegales, tales como promover disturbios públicos para alterar o manipular el proceso.
La libertad para hacer campaña también se refiere a la libertad de movimiento. Los candidatos deben poder hacer campaña en cualquier lugar del país. En países con problemas de seguridad, esto puede significar un conflicto para la aplicación de la ley. Sin embargo, hay que evitar las restricciones arbitrarias del movimiento de los candidatos y sus simpatizantes que pudieran interferir con su capacidad legal para hacer una campaña.
Circulación libre y justa de información electoral
La libre circulación de la información es otro factor básico de la integridad. La prensa debe poder publicar y distribuir información sin censura o manipulación de su cobertura. La prensa que abusa de sus derechos al publicar información difamatoria o falsa debe rendir cuentas por esta conducta inadecuada. En la mayoría de los países esto se lleva a cabo en un tribunal, después de publicar la información.
Proteger el libre flujo de información es responsabilidad del gobierno, que tiene la opción de aprobar leyes que protejan la libertad de expresión, hacer esfuerzos especiales para investigar las amenazas contra los medios y hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Una prensa libre no se siente intimidada cuando cubre una elección ni tiene que autocensurarse debido al miedo.
El gobierno y el sistema público de radiodifusión pueden establecer estándares para ayudar a asegurar la circulación libre y equitativa de información. Según el artículo 19:
Los estándares de transmisión por radio o televisión que se aplican a la campaña electoral deben impedir los abusos graves de los derechos humanos como parte de un esfuerzo para que los medios promuevan la transición hacia la democracia. La incapacidad del gobierno para proteger a los medios o para responsabilizarlos por los abusos mencionados socava el potencial de elecciones libres y equitativas.
Durante la campaña, el sistema público de radiodifusión tiene la responsabilidad de asegurar que se brinde una cobertura equitativa y justa del proceso. Artículo 19, una ONG encargada de asegurar la libertad de expresión, ha desarrollado lineamientos para la transmisión de la cobertura de las campañas electorales en democracias en transición. Estas directrices incluyen:
- informar a los electores sobre cuestiones electorales relevantes, incluyendo la distribución de la información de educación electoral;
- brindar cobertura electoral imparcial y equilibrada;
- no censurar artículos y materiales electorales a menos que constituyan un incentivo claro y directo para la violencia o el odio;
- ofrecer cobertura noticiosa imparcial, exacta y equilibrada, así como programación de temas actuales;
- ofrecer a los partidos y candidatos tiempo al aire para que tengan programas de acceso directo sobre una base libre y no discriminatoria; y
- brindar tiempos iguales a ambas partes en un voto de referéndum.
Otro conflicto potencial para la integridad consiste en la cantidad de dinero necesaria para difundir la información. En los países desarrollados, las campañas se han centrado cada vez más en el uso de los anuncios de televisión.
El costo de estos anuncios ha elevado el de las campañas electorales a tal punto que en algunos países sólo la gente adinerada o la que cuenta con el apoyo financiero de los principales grupos de interés puede contender y ganar un cargo nacional o estatal.
Cada sistema aborda temas de equidad que surgen de los costos de la publicidad política de diferentes formas. En países como Dinamarca, los anuncios hechos por los partidos políticos no se permiten en la radio nacional o regional ni en los canales de televisión.
En Sudáfrica, el material impreso con la intención de influir sobre el resultado de una elección debe estar claramente marcado con el nombre completo y la dirección del impresor y del publicador, quien debe comenzar el artículo con la palabra "anuncio".
En Irlanda, se ofrece correo libre a los candidatos para que envíen una carta a todos los electores registrados. Otros sistemas ofrecen financiamiento público para propósitos de campaña. Para mayor información sobre estos temas, ver Financiamiento Público de las Campañas .
Calidad de la campaña
La calidad de una campaña política se convierte en un conflicto si en ella se recurre a tácticas poco éticas para desacreditar a otros candidatos o para perturbar el proceso.
El contenido y la calidad de los anuncios televisivos se han convertido en temas álgidos en varios países. La Alianza de ONG's para mejorar las campañas asegura: "las campañas políticas sientan las bases para la relación más importante en cualquier democracia -la que existe entre los ciudadanos y los líderes. Especialmente en una cultura política individualista como la nuestra, es la campaña misma quien debe atraer a los ciudadanos a la arena pública. Nuestras campañas los alejan." Algunos grupos de interés público están haciendo esfuerzos para mejorar la calidad de las campañas electorales, y para alentar a los medios a transmitir debates entre candidatos más sustanciales.
Neutralidad de los funcionarios electorales
Las campañas electorales están diseñadas para ser eventos públicos ruidosos que usan símbolos patrióticos o de otro tipo para ganar el apoyo de los electores. Puede ser difícil que un administrador electoral permanezca neutral durante el periodo de campaña.
Sin embargo, los administradores de las elecciones tienen que mantenerse neutrales e imparciales cuando ofrecen sus servicios y al cumplir con sus responsabilidades. No deben usar su cargo, recursos o posición para ayudar a la campaña de un partido o un candidato o para tratar de influir en el resultado de la votación. (Para mayor información sobre la neutralidad de los administradores electorales.
Esta restricción se aplica normalmente a los funcionarios gubernamentales y a sus recursos. Para asegurar que existan condiciones equitativas, los recursos, la postura y la influencia del gobierno no se destinan a ayudar a algún candidato en especial. Se supone que los funcionarios deben permanecer neutrales durante el proceso.
En algunos países, los gobiernos limitan sus actividades previas a la elección para que éstas no sean percibidas como apoyo para algún candidato o partido. Por ejemplo, antes de una elección, Filipinas prohíbe la designación o contratación de nuevos empleados, la creación de nuevos puestos; los ascensos o aumentos de sueldo o privilegios; el destino de fondos públicos para obras públicas; nuevos servicios sociales o construcción de obras públicas; la entrega de materiales para obras públicas y la emisión de fondos del erario.
Puede ser difícil para los funcionarios gubernamentales diferenciar entre los intereses partidistas y los de los funcionarios públicos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, se considera al presidente del país como el miembro principal de su partido político y se espera que participe activamente en la campaña para los candidatos de su partido. Sin embargo, se supone que esto debe hacerse dentro del contexto de su filiación partidista, y no en su capacidad oficial como presidente. Tampoco debe recurrir al uso de recursos de su cargo para ayudar a promover campañas.
Encuesta de opinión pública
Los partidos políticos, los candidatos y los medios de comunicación usan las encuestas de opinión pública como parámetro para medir el apoyo electoral para cada candidato, partido y postura. Sirven también para definir el curso de las campañas y para elaborar mensajes para los electores.
En la mayoría de los sistemas, se permite llevar a cabo estas encuestas sin interferencia política y sin restricciones irracionales. Cuando se publican los resultados, también se especifica la metodología empleada para que los usuarios puedan determinar la precisión de los datos. Esto incluye normalmente el margen de error, el tamaño de la muestra y la información demográfica de quienes respondieron (edad, ubicación, género, ocupación, etc).
El momento en que se hace pública la información de la encuesta puede ser un conflicto potencial de integridad porque puede afectar el resultado de la elección. Los resultados pueden influenciar a los electores indecisos y fomentar la simpatía por ciertos candidatos o posturas.
Un elector puede pensar que la elección ya está decidida, por lo cual no tiene sentido votar, o votar contra lo que piensa la mayoría. En países con gran cantidad de zonas horarias se puede predecir al ganador de una elección presidencial antes de que se desarrolle la encuesta en algunas regiones, lo cual puede incidir negativamente en la cantidad de votantes que van a las urnas y en las elecciones electorales en las últimas áreas de votación.
Esto fue por ejemplo un problema en las elecciones presidenciales del año 2000 en los Estados Unidos, donde los medios estadounidenses anunciaron al ganador del estado de Florida antes de que las mesas de votación cerraran en las regiones centrales y del oeste del país.
Debido al funcionamiento del sistema de colegio electoral, la victoria en Florida era crucial para obtener el voto del colegio electoral. Además, sus proyecciones fueron inexactas y después las alteraron pocos minutos antes de que se cerraran las mesas de votación en el oeste.
A fin de abordar estas cuestiones, algunos sistemas prohíben la publicación de las encuestas hacia el final. Estas reglamentaciones varían desde México, donde es un delito publicar información que prediga quién ganará la elección desde los 8 días precedentes a la elección hasta la jornada electoral, hasta Sudáfrica, donde no se permite la publicación de los resultados de las encuestas sino hasta después de que hayan cerrado las mesas de votación, o hasta Dinamarca, donde no hay restricciones a este respecto.
