La Cámara Nacional había prometido más fiscalización. Pero no hay información sobre los costos de la campaña online. Solo Facebook e Instagram aportaron datos. Silencio en Google.
Como anticipó el Equipo de Investigación de Perfil Educación en julio pasado, la campaña electoral no tuvo ningún tipo de control sobre los avisos que los candidatos pagaron en redes sociales
A pocos días de la votación que se realizará el próximo domingo, no hay información clara sobre los gastos que realizaron las agrupaciones políticas en los anuncios en plataformas digitales.
Aunque se sancionó una nueva ley de financiamiento partidario la Cámara Nacional Electoral (CNE) sigue sin contar con recursos necesarios para fiscalizar a los distintos partidos en su campaña digital. Por ello la ley estipulaba el aumento de la cantidad de peritos auditores que pasaban de ser 8 a 16.
Sin embargo, desde la CNE confirmaron al Equipo de Investigación que solo se han integrado dos auditores y que el nuevo cuerpo de fiscalizadores de la Cámara no se completará antes de que terminen las elecciones.
“El gran problema que genera contar con 8,10 o 16 auditores solamente para controlar las cuentas de todos las agrupaciones políticas a nivel nacional es que no se puede fiscalizar en tiempo real los gastos que realizan los partidos políticos y sus candidatos”, advirtió al Equipo de Investigación, Mario Riorda, que se especializa en campañas electorales en formato digital.
Además, agregó que “monitorear en tiempo real las cuentas es la forma correcta de prevenir cualquier tipo de irregularidad, porque permite aplicar sanciones en el acto y no después con un resultado electoral ya estipulado.
El sistema como está planteado no genera incentivos para hacer las cosas bien”.
Por su parte, Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, una organización especializada en campañas electorales a nivel internacional, afirmó al Equipo de Investigación que “pese a los notables esfuerzos que hizo la Cámara Electoral, si no hay voluntad política para mejorar los recursos de los organismos de fiscalización es dificultoso lograr un proceso electoral transparente”.
No se puede fiscalizar en tiempo real los gastos que realizan los partidos políticos A la falta de controles se le suma la permisividad con la que cuentan los candidatos para financiar estrategias digitales.
Es que los partidos políticos tienen noventa días posteriores a cada cierre de año para presentar sus balances, por lo que si se cometen irregularidades, o se financian campañas negativas, los resultados se conocerán tiempo después de que las elecciones hayan terminado.
Por su parte, las empresas digitales se habían comprometido a brindar la información necesaria sobre los fondos de los partidos políticos destinados a publicidad. Pero esto nunca ocurrió.
La única plataforma que transparentó los datos acerca del uso de fondos para publicidad fue Facebook e Instagram, que forma parte de la compañía de Mark Zuckerberg. La red social elaboró un informe al que tuvo acceso el Equipo de Investigación para establecer cuánto gastaron las páginas oficiales de cada candidato por cada uno de los espacios que publicaron en la actual campaña electoral.
Cada anunciante que quiso abonar una publicidad digital en Facebook o Instagram tuvo que registrarse, detallar el costo de los avisos y asumirse como responsable por el contenido de los anuncios.
Lo que se sabe hasta ahora es que solamente en Facebook e Instagram desde septiembre se publicaron 12.308 anuncios de distintos frentes partidarios. Por esto la política lleva un gasto total de 35.7 millones de pesos. Y los que más gastaron fueron: A continuación el documento con el gasto de cada uno de los candidatos. Este es el Informe completo al que accedió el Equipo de Investigación
En cuanto a Google, la empresa norteamericana explicó al Equipo de Investigación que la información sobre los gastos que realizaron los partidos políticos dentro de esta plataforma digital está disponible si la Cámara Electoral los desea, pero que no son datos de acceso público. Hasta el momento, la CNE no ofreció ningún tipo de información acerca de lo que llevan gastado en campaña digital las asociaciones políticas.
En la misma línea, Twitter admitió al Equipo de Investigación que "la empresa no da precisiones" sobre los anuncios realizados por las agrupaciones políticas. Sobre las "fakenews" Riorda aseguró "que es fundamental la cooperación de las empresas digitales para poder desechar aquellas informaciones falsas".
En este sentido, la Cámara Electoral logró llevar adelante un acuerdo ético digital sin precedentes, con la participación de medios, políticos y empresas digitales, donde cada parte se comprometió a luchar contra las desinformaciones y generar mayor transparencia en el proceso electoral. Para limitar la difusión masiva de desinformaciones Instagram sumó una herramienta en la que los usuarios pueden denunciar publicaciones que son falsas.
Por su parte, desde WhatsApp advirtieron que limitaron la cantidad de mensajes que una cuenta puede difundir y que se identificaran y bloquearan aquellas que envíen mensajes de forma masiva.
En tanto, Google sigue mejorando su algoritmo de búsqueda para evitar dar con una Fakenews, entre las herramientas que incorpora se encuentran las etiquetas de "Fact Check - Verificación de Datos" en noticias. Twitter, por su parte, reforzó la seguridad de las cuentas y modificó las reglas para identificar conductas de odio.
Sin embargo esto no tapa los problemas locales. Para Zovatto, pese a la nueva ley de financiamiento partidario, "los partidos tienden a ser muy benévolos con ellos mismos cuando sancionan leyes para autoregularse
Las sanciones en Argentina no son disuasivas, sino que terminan alentando a violar la ley por el beneficio que se puede lograr. Y la Cámara Nacional Electoral está atada de pies y manos, no puede controlar como se debe", indicó al Equipo de Investigación.
"Lo ideal es adoptar sistemas como el que utiliza México, donde hay más recursos volcados a los organismos de control, mayor periodicidad en la presentación de las cuentas de las estructuras políticas y sanciones más severas que pueden llevar a la suspensión de una candidatura", explicó Zovatto.
Otro ejemplo es el de Estados Unidos donde la ley requiere que los candidatos y sus estructuras se sometan a informes periódicos que divulguen los fondos que recaudan y gastan. Se trata, claro está, de un panorama que parece estar muy lejos del presente que se evidencia en Argentina.
